Inicia análisis de proyecto de ley de moratoria minera

Esta semana tuvo lugar, en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, un foro en el marco del estudio y análisis del proyecto de Ley 59 “que declara la moratoria en las actividades de exploración y explotación de la minería en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”, propuesto por la diputada Ana Matilde Gómez y su suplente, Alida Spadafora.

 En su intervención, Zorel Morales, Director Ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), brindó un pantallazo de la realidad de la minería en el país destacando el gran potencial que tiene y sostuvo que tanto la Cámara como otros sectores involucrados de forma directa e indirecta en la industria concuerdan en que se debe mejorar su regulación y control, para lo cual, en lugar de una moratoria indefinida, proponen suspender los permisos de nuevos proyectos por un periodo de un año, mientras se toman las medidas correctivas. 

Daniel Esquivel, Director Técnico y Ambiental del gremio, por su parte, explicó a los diputados y al público presente, la forma en que se realizó la Mesa de Diálogo por el Desarrollo de los Recursos Minerales de Panamá y los principales acuerdos consensuados por representantes de los sectores: académico, comunitario, empresarial, estatal, Gobiernos Locales, indígena, profesional y trabajadores.

De los 54 consensos alcanzados durante el desarrollo de la mesa de diálogo que fue de mayo a noviembre de 2013, en tres diferentes ejes temáticos: Ambiental y Social, Económico, y Legal – Institucional, se destacaron algunos de los más relevantes, entre ellos acuerdos para aumentar la capacidad técnico-científica; incluir en los Programas de Manejo Ambiental (PMA) detalles específicos relacionados a las actividades mineras y en los Planes de Cierre y Post de mina, los componentes ambiental y social.

Asimismo, se recomendó fortalecer la participación ciudadana y la gestión gerencial de los Gobiernos locales; regular la minería artesanal; reconocer la importancia de la educación ambiental para la ciudadanía: definir y establecer los Distritos Mineros; hacer un diagnóstico sobre la minería ilegal; y asegurar los servicios de electricidad en las comunidades aledañas a proyectos mineros.

Otras de las sugerencias emanadas de la mesa de diálogo fueron retomar la iniciativa de los Planes de Ordenamiento Territorial para el sector minero; propiciar programas integrales para el desarrollo de la pequeña empresa en regiones mineras; y presentar informes de rendición de cuentas a las comunidades por parte de los Municipios.

También se coincidió en la necesidad de crear una nueva institución para regir el sector minero, fortalecer a Autoridad Nacional de Ambiente y su sistema de información ambiental, elaborar una política minera y apoyar a las universidades estatales y programas de post-media para aumentar la capacidad profesional y de investigación en el tema de los recursos minerales.

En la sesión, además de las preguntas de los diputados, los expositores respondieron las dudas de miembros de grupos ambientalistas y residentes de Coclesito, quienes a su vez solicitaron a la Comisión la oportunidad de sustentar con amplitud sus puntos de vista sobre el tema en una futura reunión.