Rubén Blades critica medida que afecta a venezolanos para ingresar en Panamá
El cantante panameño, Rubén Blades, criticó la nueva medida migratoria, emitida por Juan Carlos Varela que entrará en vigor el 1 de octubre, que precisa que todo venezolano que desee ingresar a Panamá deberá presentar una visa estampada, la cual debe ser tramitada en su país de origen a través de la Embajada panameña.
"Es lógico que cada estado establezca los límites que considere necesarios a la cantidad de inmigrantes que recibe, y de igual manera tiene el derecho a optar por condiciones a su ingreso. El propósito de dichas medidas, entre otras cosas, es proteger las oportunidades para los nacionales, proteger la seguridad nacional y la economía", señaló el cantante y exministro de turismo panameño.
A continuación la opinón de Ruben Blades difundida en su página de Facebook.
ACERCA DE LAS VISAS PARA INGRESAR A PANAMÁ
El reciente anuncio del Presidente Varela, de solicitar visa impresa a los venezolanos que deseen ingresar al territorio panameño, ha creado un ardiente debate entre distintos sectores sociales y políticos en Panamá. Todos los países poseen el derecho soberano de adoptar las medidas que considere necesarias y beneficiosas para garantizar el éxito de su funcionamiento administrativo y la protección del interés nacional y el de sus ciudadanos. Es lógico que cada estado establezca los límites que considere necesarios a la cantidad de inmigrantes que recibe, y de igual manera tiene el derecho a optar por condiciones a su ingreso. El propósito de dichas medidas, entre otras cosas, es proteger las oportunidades para los nacionales, proteger la seguridad nacional y la economía, expresó Blades en su cuenta de Facebook.
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Desafortunadamente, parece que Panamá carece de una política oficial que analice y determine qué número de inmigrantes puede aceptar cada año y bajo qué condiciones deberán ingresar y permanecer en nuestro país. Lo que sí hemos escuchado cada cierto tiempo en las noticias y en conversaciones, es que la práctica politiquera de siempre le puso precio a la entrada de cada persona que cruza nuestra frontera con la intención de radicarse en el país. De esta manera, lo que debía ser una política razonada se ha convertido en un negocio privado que deja pingües ganancias. Y según parece esto ha estado sucediendo a través de innumerables administraciones, desde los militares hasta hoy. Una vez más vemos predominar la ganancia deshonesta sobre la razón, y termina por empeorar la vida para los ciudadanos panameños. No se puede continuar la política de improvisación en los asuntos de la administración pública, porque eso es lo que alienta y permite la corrupción y la trampa, y produce el desorden y la inseguridad en la que nos vemos sumidos al presente.
Aunque la medida adoptada por el gobierno nacional tiene su génesis en la reciente migración masiva de venezolanos que llegan a Panamá, huyendo del régimen de Nicolás Maduro, lo cierto es que el fenómeno está revelando las fallas de un sistema que no ha sido diseñado correctamente, y en donde no se han querido crear reglas claras, supongo que para no entorpecer el lucrativo “negocio”. Como ocurre siempre que se realizan las cosas sin planeamiento previo, el impacto derivado de la llegada incontrolada de una nueva población, comienza a convulsionar la vida cotidiana y en la opinión pública nacional se empieza a escuchar, ver y leer, posturas xenófobas que desdicen de la realidad de nuestra composición étnica histórica y que reniegan del verdadero espíritu solidario de los panameños
En este nuevo escenario salta a la vista la necesidad de revisar y hacer las transformaciones necesarias para la correcta administración del país, en beneficio de toda la ciudadanía y no de unos pocos. Los controles de entrada al país son necesarios para determinar quién ingresa, por qué lo hace, dónde se alojará, cómo se sostendrá económicamente y hasta cuándo permanecerá en el territorio nacional. Tenemos que atender la necesidad de modernización del sistema de aduana y de migración, crear una estructura que pueda, de manera rápida y eficiente, definir los antecedentes de los que llegan a nuestro suelo por la razón que sea. Necesitamos un servicio que permita verificar que efectivamente la gente que llega a Panamá ira al lugar que identificaron como su destino, demostrar que poseen medios para sostenerse durante su estancia y verificar que efectivamente salieron del país, una vez vencido su plazo de estadía.
Pero para ello habrá que esperar un gobierno que no sea otro brazo del negocio de la partidocracia, y un poder ejecutivo que no sucumba ante presiones de los eternos grupos de interés particular.
