Proyectan que economía de Panamá crecerá 5.5% en 2018
En el 2018, Panamá tendrá el mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe, así lo dio a conocer este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), desde Santiago de Chile. Cepal estima que el país crecerá 5.5%; mientras que el 2017 cerrará con 5.3%, cuando proyectaban 5.6%.
De acuerdo con el organismo internacional la nación istmeña cerrará 2017 con 5.3%, cuando se proyectaba un 5.6%, mientras diversos sectores de la economía muestran fuerte dinamismo.
A nivel general, la Cepal estima que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe será del 2.2%, superior a la registrada en 2017 (1.3%).
El resultado regional en 2018 se explicará en parte por el mayor dinamismo que presentará el crecimiento económico de Brasil (2%, comparado con el 0.9% de 2017). Además, varios países que venían creciendo a tasas moderadas tendrán una aceleración de la actividad económica (por ejemplo Chile, de 1.5% en 2017 a 2.8%; Colombia, de 1.8% a 2.6%; y Perú, de 2.5% a 3.5%).
En América Latina, después de Panamá sigue República Dominicana (5.1%) y Nicaragua (5.0%). No obstante, el organismo advirtió de un decrecimiento en Cuba (1.0%), Ecuador (1.3%) y Venezuela (-5.5%), mientras que el resto de las economías de América Latina crecerán entre 2% y 4%.
A pesar del contexto internacional más favorable persisten, según la Cepal, algunos desafíos y riesgos latentes que pueden afectar la consolidación del crecimiento en el mediano plazo.
En el ámbito financiero se presentan incertidumbres originadas por la normalización de las condiciones monetarias que han venido implementando o anunciando la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón.
A estas se agrega la tendencia hacia una mayor desregulación financiera (leyes de reforma de Wall Street y de protección al consumidor en Estados Unidos).
La eventual reforma tributaria en Estados Unidos podría traer aparejada una mayor volatilidad financiera producto del aumento de los flujos de capitales hacia ese país.
El organismo señala que también se presentan riesgos geopolíticos, en especial aquellos derivados del mayor proteccionismo observado en algunos países y que se reflejan en el creciente apoyo a partidos anti-globalización en algunas naciones de Europa y la votación a favor del brexit en el Reino Unido el año pasado.
En el análisis por subregión, para el próximo año la Cepal espera un mayor dinamismo en las economías de América del Sur, que crecería al 2% (comparado con el 0.8% registrado en 2017).
Centroamérica, por su parte, tendría una tasa de crecimiento de 3.6%, por encima del 3.3% de 2017.
En tanto, para el Caribe de habla inglesa u holandesa se estima un crecimiento promedio de 1.5% para 2018 (comparado con la casi nula expansión que registrará en 2017), a lo cual contribuiría el gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María en algunos de los países isleños.
En materia laboral, se espera que la tasa de desempleo comience a disminuir a partir del 2018, en consonancia con la mejora del crecimiento económico.
Entre 2016 y 2017 la desocupación urbana aumentó de 8.9% a 9.4% por un incremento de la tasa de participación y un estancamiento en la tasa de ocupación. Para 2018 el desempleo bajaría a 9.2% por el aumento de la ocupación producto de la mayor demanda agregada, indica el informe.
En su Balance Preliminar 2017, la Cepal recomienda a los países ampliar el espacio fiscal de acuerdo con la realidad de cada uno y a partir de tareas diferenciadas. Por ejemplo, en países con baja recaudación se puede mantener el activismo tributario, mientras que en todos se debe intentar reducir la elusión y evasión fiscal —que llegó a $340,000 millones en 2015—, fortaleciendo la administración tributaria.
El organismo también indica que es necesario ampliar los mecanismos de cooperación internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público (de acuerdo con la relación deuda/PIB de cada país), fortalecer la provisión de bienes públicos con un alto rendimiento económico y social (como son la infraestructura, protección social, salud y educación) y aumentar el coeficiente de inversión mediante asociaciones público-privadas y el rediseño de incentivos fiscales para políticas industriales, además de mejorar los mecanismos de gestión de gasto público y de rendición de cuentas, y cautelar la inversión pública, entre otras medidas.